La fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se deslindó de las declaraciones de su encargada de comunicación digital, Adriana Marín, quien en un debate juvenil aseguró que el crimen organizado genera empleos y oportunidades para los jóvenes que ni el gobierno ni los empresarios les ofrecen.
Polémica en redes sociales
Las palabras de Marín se viralizaron rápidamente, provocando críticas por considerar que sus expresiones podrían interpretarse como una invitación a los jóvenes a integrarse a las filas del narcotráfico.
En un comunicado sin firma, Morena intentó respaldar a su empleada, pero al mismo tiempo aclaró que sus opiniones no representan la postura oficial del grupo parlamentario. La falta de identificación de la vocera en el documento fue vista como un intento de minimizar su papel dentro del partido.
Contradicciones internas
Marín fue invitada al debate como representante juvenil de Morena, pero tras sus declaraciones fue desconocida por la propia bancada. En su intervención, afirmó que el narco genera alrededor de 185 mil empleos al año, cifra que comparó con los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La vocera también criticó que ni la 4T ni los gobiernos anteriores del PRIAN han creado las condiciones necesarias para el desarrollo de las juventudes mexicanas, lo que fue interpretado como un cuestionamiento directo al oficialismo.
Revictimización política
El intento de Morena por deslindarse de su vocera fue calificado como una revictimización, al reconocerla como empleada pero descalificarla como portavoz. Analistas señalan que el partido la expuso en un tema delicado sin darle respaldo real, lo que refleja las tensiones entre las dirigencias y sus cuadros juveniles.
Clara Brugada y la iniciativa de rentas
En paralelo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que trabaja en una iniciativa para congelar las rentas como medida contra la gentrificación. La propuesta ha generado controversia, pues especialistas advierten que no se puede obligar a los propietarios a limitar el precio de sus inmuebles, considerados bienes privados.
Brugada enfrenta críticas por el retraso en su promesa de construir 200 mil viviendas nuevas durante su sexenio, de las cuales aún no se ha concretado un avance significativo.