El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan integral para atender la crisis institucional generada por presuntos actos de corrupción.
La estrategia aprobada busca implementar controles administrativos rigurosos tras los señalamientos contra la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
Entre los acuerdos destaca solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente sobre compras y contrataciones de 2016 a 2026.
Asimismo, la presidencia provisional del instituto evalúa contratar una auditoría externa privada y habilitar un buzón electrónico para recibir denuncias anónimas.
Medidas de control y posturas de los consejeros
Las determinaciones del órgano electoral abarcan la reorganización administrativa y la colaboración con autoridades investigadoras:
- Revisión de padrón electoral: Investigar vulneraciones a los mecanismos de control que resguardan datos confidenciales y del padrón comicial.
- Comisión de Administración: Crear un órgano colegiado con participación de consejeros para eliminar licitaciones directas y favoritismos a proveedores.
- Deslinde de responsabilidades: Consejeros señalaron que la renuncia de Taddei es insuficiente y exigieron aplicar sanciones penales a implicados.
- Apertura institucional: La presidenta provisional, Blanca Cruz, afirmó que la autonomía del organismo no es sinónimo de opacidad en el manejo presupuestal.
El consejero Arturo Castillo calificó el escenario actual como la crisis histórica más grave registrada en la trayectoria del órgano electoral.
Debido a las investigaciones en curso, se canceló una reunión técnica prevista con dependencias de seguridad e inteligencia financiera sobre candidaturas.
Finalmente, el Consejo General se comprometió a garantizar la transparencia en los procesos comiciales venideros mientras continúan las auditorías internas.